Nuestra Optica
Jorge Rodríguez padre no era un “angelito”
Gerónimo Figueroa Figuera CNP_ 569
Ponerse una franela de un color o una chaqueta de
revolucionario y actuar como delincuente violando los derechos humanos de un
sector de la población en nombre de la justicia y la libertad de los pueblos,
no puede ni debe ser una patente de corso para merecer la impunidad por los
delitos cometidos. Si una banda asalta un banco para disfrutar el dinero y otra
asalta el mismo banco en nombre de la revolución, son iguales de delincuentes.
No importa el color de la chaqueta que usen ni la acera donde estén ubicados,
son iguales de delincuentes. Bajo ningún concepto la sociedad debe aceptar el
chantaje de que los revolucionarios pueden secuestrar a ciudadanos y cobrar
grandes sumas de dinero para liberarlos, tampoco se debe aceptar que con actos
terroristas asesinen a inocentes, especialmente niños, mujeres y ancianos
indefensos, en nombre de trillados ideales revolucionarios para liberar los
pueblos, porque los caídos en los actos terroristas también pertenecen al
pueblo y tienen Derechos Humanos igualitos a los de los revolucionarios. Por lo
tanto, a esos que se disfrazan de revolucionarios y actúan como delincuentes
hay que desenmascararlos. El 27 de febrero de 1976 un comando guerrillero
integrado por siete hombres armados secuestró al presidente local de la compañía
norteamericana Owens Illinois, William Frank Niehous, en su residencia ubicada
en Prados del Este del municipio Baruta de la Gran Caracas, quien estaba
acompañado por sus tres hijos y su esposa cuando los bandoleros se lo llevaron
contra su voluntad. Posteriormente se supo que los secuestradores eran
militantes guerrilleros de la Organización Revolucionaria (OR), la cual surgió
de una de división de bandera Roja que a su vez era una división del MIR. La cara
legal de la OR era la Liga socialista. Horas después en un comunicado los
secuestradores que se identificaron como Los Comandos Revolucionarios, cuya
misión era secuestrar ciudadanos para luego cobrar por su liberación, colocó un
mensaje en un buzón de correo en Roca Tarpeya en la avenida Nueva Granada de
Caracas, para el periodista José Emilio Castellano que hacia
sucesos para el diario El Nacional, pero en vista que
Castellano no estaba de guardia en la redacción, el jefe de redacción del
citado diario, José Moradel, ordenó recoger el mensaje por otro periodista,
quien después de cumplir la misión ordenada se fue directo para la sede
principal de la DISIP. En el mensaje los secuestradores del industrial
norteamericano anunciaban que no pedían dinero para liberarlo sino que el prisionero
sería ejecutado por ser enemigo de Venezuela. Tres meses después los servicios
de inteligencia del gobierno nacional detuvieron a Jorge Rodríguez padre por
estar involucrado en el secuestro, pero lamentablemente fue asesinado por
efectivos de la DISIP cuando lo “interrogaban”. Aunque Jorge Rodríguez padre
era culpable de ese secuestro y de otros por los cuales habían cobrado para
liberar a las víctimas, no justificaba bajo ningún concepto su asesinato, por
lo que Carlos André Pérez destituyó a Arístides Lander como director de la
Disip y otros tres funcionarios que debieron responder ante la justicia por esa
muerte. Estamos claro que cuando a Jorge Rodríguez padre lo torturaron hasta
matarlo es un crimen de lesa humanidad, pero secuestrar a una persona frente a
sus hijos y su esposa con atropellos físicos y verbales, como lo hizo Jorge
Rodríguez padre con el industrial norteamericano, William Frank Niehous,
también es crimen de violación a los Derechos Humanos que no podemos bajo
ningún concepto aceptar como una acción revolucionaria, porque no es verdad,
carajo. El resto de los implicados en el secuestro fueron Fernando Soto Rojas,
Marelis Pérez Marcano, David Nieves, Salom Mesa Espinoza, Fortunato Herrera,
Iván Padilla, José Aquino y por supuesto Jorge Rodríguez padre, secretario
general de la Liga Socialista y jefe de la banda. Igualmente entorpecer el
refrendo revocatorio con trampas leguleyas no solo viola el artículo 72 de la
Constitución Nacional, sino que atropella de forma flagrante los Derechos
Humanos y Políticos de 19 millones de venezolanos que aparecen registrados en
la data del CNE, así como pedir públicamente a los ministros del gabinete
ejecutivo del presidente Nicolás Maduro que despidan a todos los funcionarios
que firmaron para solicitar el referendo revocatorio, tal como lo hizo el siquiatra
Jorgito Rodríguez, viola los derechos humanos y el derecho al trabajo que puede
ser considerado como crimen de lesa humanidad. El 29 de junio de 1979 tres años
cuatro meses y dos días, la PTJ rescató al empresario norteamericano pero no
por casualidad de que dos policías investigaban el robo de ganado como se
informó en ese momento, ni por labores de inteligencia, sino por negociaciones
entre los directivos de la Liga Socialista con el gobierno de Luis Herrera, lo
cual quedó demostrado cuando una semana antes los principales dirigentes de la
Organización Revolucionaria (OR) que estaban en la
clandestinidad aparecieron armados en un acto del Aula Magna de la Universidad
central de Venezuela, al parecer con el visto bueno del gobierno de Luis
herrera porque ya habrían negociado entregar las coordenadas donde estaba el
secuestrado y las dos personas que lo custodiaban.
